El gobierno de Javier Milei denunció a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y ex funcionario de Alberto Fernández en el entonces Ministerio de Desarrollo Social, por autorizar subsidios por $473.347.050 a dos cooperativas de las que él formó parte: La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA. Y que a partir de ese hallazgo, presentó una denuncia penal contra el piquetero y ex funcionario.

Según el Ministerio de Capital Humano, Pérsico “aprovechó su cargo para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”.

Por esto, se lo acusa de los presuntos delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

La denuncia está basada en una auditoría interna que Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó sobre el Potenciar Trabajo, programa que administraba a discreción desde la Secretaría de Economía Social. También en un dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA) que determinó a Pérsico violó la “Ley de Ética Pública”, al autorizar millonarios convenios a favor de organizaciones de las cuales él había formado poco antes de asumir la función pública.

Es más, encontraron un fallo de la Oficina Anticorrupción, bajo la administración del propio Fernández, que prohibió a Pérsico que lo siga haciendo y pidió delegar la firma a otro funcionario. Así lo hizo. Las autorizaciones recayeron en la lapicera de Ramona Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que se referencia en Juan Grabois, y por entonces Secretaria de Integración Socio Urbana. Fue esa ex funcionaria la que siguió firmando por Pérsico los convenios con la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual Pérsico fue su presidente; y la cooperativa La Patriada, de la cual fue directivo.

“Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados”, dijeron desde la cartera que conduce Petovello.

La denuncia se realizó por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por Pablo de La Torre.